Cambio en política de trato a indocumentados crea inquietudes en comunidad

Cambio en política de trato a indocumentados crea inquietudes en comunidad

Activistas y expertos siguen con preocupación el cambio en la política de trato de indocumentados después de cumplir sentencia en una cárcel federal, pues ahora pasarán directamente a manos de Inmigración y no a las autoridades locales, como venía siendo habitual.

(1/3/2016 – web) EFE – Los Ángeles.- Peter Kadzik, asistente del fiscal general, anunció en un comunicado de prensa la semana pasada que los nuevos procedimientos corresponden a “un esfuerzo para asegurar que los extranjeros criminales no sean dejados en libertad impropiamente en las calles estadounidenses”.

Debido a ello, los inmigrantes indocumentados que cumplan su condena en una cárcel federal ya no serán entregados a las autoridades locales sino que pasarán directamente bajo custodia de la agencia migratoria.

“Ahora, la BOP (Oficina Federal de Prisiones) ofrece al ICE, en lugar de los estados y los municipios, la primera oportunidad para tomar en custodia y deportar un individuo”, señaló Kadzik.

Aparentemente, el cambio de política surge a raíz de la presión de algunos congresistas para que las denominadas ciudades santuario no reciban fondos federales al no estar colaborando con las autoridades nacionales.

La noticia ha creado expectativas entre las organizaciones proinmigrantes y entre los profesionales en derecho.

“Como cualquier tema migratorio es un tema multifacético y complicado dependiendo de las circunstancias de la persona detenida y el crimen que ha cometido”, explicó hoy en entrevista con Efe el abogado especializado en inmigración, Nelson Castillo.

El jurista detalló que lo más importante se concreta en que cuando un inmigrante que no es ciudadano y se ve acusado de un delito grave, “además de conseguir un excelente abogado criminalista para que lo defienda, debe tener un abogado de inmigración para que le ayude al abogado criminalista sobre lo que sucederá con el caso”.

Algunas organizaciones que defienden a los inmigrantes indocumentados han manifestado su preocupación por la medida alegando que restringe las oportunidades de defensa de su caso a la que tienen derecho.

“Esta política crea una vía directa entre la salida de la cárcel y la deportación sin dar a las personas la oportunidad de que reciban asesoría en la defensa de su caso”, argumentó Rolando Barrera, de la organización Caminos en América de Texas.

Por eso Castillo considera que es importante que el caso de inmigración de una persona indocumentada que se vea acusada por un delito grave se trabaje con un abogado especializado lo más pronto posible, “especialmente antes de declararse culpable de algún delito”.

Para los activistas que buscan un control a la inmigración indocumentada, la nueva política anunciada por la fiscalía, es la reacción del Gobierno a las presiones de presupuesto para restringir fondos a aquellas ciudades donde las autoridades locales no colaboran directamente con las autoridades de inmigración.

“No queremos que otras familias mueran en las manos de extranjeros ilegales”, señaló en una comunicación María Espinoza cofundadora y directora nacional del Proyecto Remembranza, que agrupa a los familiares de víctimas de crímenes cometidos por indocumentados.

También hay otros que lo ven como una respuesta del Gobierno a una presión política para actuar en contra de las ciudades santuario.

“El cambio representa una reacción a la tragedia de San Francisco”, señaló en un comunicado Chris Newman, director legal de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON).

“La administración puede ahora decir que si esta política hubiera estado en efecto la tragedia se hubiera evitado”, agregó Newman al referirse al caso del asesinato de Kate Steinle en San Francisco supuestamente por el inmigrante indocumentado Francisco Sánchez.

Para Pablo Alvarado, director nacional de NDLON, el rechazo de más de 300 ciudades del país para colaborar ilimitadamente con las autoridades de inmigración es una forma de proteger la seguridad de las comunidades locales.

“Los formuladores de políticas racionales a nivel local se rebelaron contra la política de inmigración del presidente Obama porque hizo las comunidades menos seguras”, afirmó Alvarado.

Por su parte el ICE, aseguró en una declaración que “realizará una revisión caso por caso en cada uno de estas liberaciones” y ejercerá el derecho de preferencia basado en la disposición de las jurisdicciones locales de trabajar conjuntamente con el ICE.

Para el abogado Castillo, lo primero que debe evitar un inmigrante indocumentado es cometer un delito grave en el país, y si se ve en problemas, buscar asesoría jurídica especializada antes de declararse culpable de algún cargo.

“El consejo más claro es no meterse en ningún problema, pero si se mete en un problema lo más importante es no declararse culpable antes de consultar con un abogado criminalista y un abogado de inmigración”, concluyó el jurista.

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