Ante el aumento de denuncias en plataformas digitales, la institución recuerda que su rol bajo la Ley 45 de 2007 se limita a la protección del consumidor en la adquisición de bienes y servicios comerciales.
Acodeco aclara que reclamos de servicios públicos deben tramitarse ante la ASEP
• La autoridad aclara que, según la legislación panameña, las disputas por facturación o calidad del suministro eléctrico corresponden exclusivamente a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos.
(30/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) ha reiterado a la ciudadanía que, conforme a la legislación vigente en la República de Panamá, los reclamos relacionados con la prestación de servicios públicos, específicamente el suministro de energía eléctrica, son competencia exclusiva de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP).
Delimitación de competencias institucionales
La institución explicó que todas las quejas o consultas vinculadas a la facturación eléctrica, interrupciones constantes, calidad del suministro o irregularidades con los medidores deben ser canalizadas a través de la ASEP. Esta última es la entidad responsable de regular, fiscalizar y supervisar a las empresas concesionarias que brindan estas prestaciones en el país. Aunque la Acodeco fue creada mediante la Ley 45 de 2007 para velar por los derechos de los consumidores y la libre competencia, la normativa establece límites claros sobre qué reclamos corresponden a cada organismo.
Canales adecuados para denuncias
Debido al incremento de reportes en redes sociales sobre presuntas anomalías en el servicio eléctrico, la entidad exhorta a los usuarios a dirigir sus procesos directamente ante la autoridad competente. El objetivo de esta aclaración es asegurar que los casos reciban el trámite legal correspondiente y sean atendidos por especialistas en la materia técnica de energía. La Acodeco reafirmó su compromiso de orientar a la población sobre los canales adecuados, garantizando que cada reclamación sobre servicios públicos o bienes comerciales llegue a la instancia correcta para una solución efectiva.
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