Con la implementación de la Ley 514, el Banco de Alimentos Panamá ampliará su capacidad de rescate y distribución de productos para combatir la inseguridad alimentaria.
Banco de Alimentos Panamá fortalece su impacto social con la nueva Ley 514
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La nueva normativa establece medidas para prevenir la pérdida de alimentos y facilita las donaciones corporativas bajo la supervisión del Ministerio de Salud.
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Panamá adopta un modelo más sostenible mediante una legislación que promueve prácticas responsables en la cadena alimentaria y garantiza la inocuidad de los productos donados.
Nota de prensa completa
(20/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Panamá da un paso significativo en la lucha contra el hambre con la entrada en vigor de la Ley 514 de 2026, una normativa que establece medidas estrictas para prevenir la pérdida de alimentos y promover su aprovechamiento eficiente a nivel nacional. El objetivo central de esta legislación es reducir el desperdicio y mejorar la seguridad alimentaria, en un contexto donde se descartan toneladas de comida diariamente mientras diversos sectores de la población enfrentan dificultades de acceso a una alimentación adecuada.
Pilares de la nueva normativa alimentaria
La legislación destaca por impulsar prácticas responsables en toda la cadena de suministro. Entre sus puntos clave se encuentra la facilitación de la donación, permitiendo que las empresas entreguen productos aptos para el consumo que anteriormente eran descartados. Para garantizar la seguridad de los beneficiarios, el Ministerio de Salud (MINSA) supervisará la trazabilidad y calidad de los productos, asegurando que se mantengan en correcto estado para su distribución.
Para el Banco de Alimentos Panamá (BAP), la aplicación de la normativa representa una oportunidad fundamental para fortalecer su misión social. El nuevo marco legal permitirá a la organización incrementar el rescate de alimentos, consolidar alianzas estratégicas con el sector privado y garantizar procesos más eficientes en la entrega de suministros a quienes más lo necesitan.
Impacto y colaboración institucional
Ana Isabel Méndez, directora ejecutiva del BAP, destacó que esta ley marca un hito en la gestión alimentaria del país, permitiendo llegar a más personas con mayores garantías de seguridad. La implementación de la normativa abre espacios para optimizar el uso de recursos disponibles mediante la colaboración con supermercados y productores.
Finalmente, la organización resaltó el trabajo articulado que hizo posible esta iniciativa. En este sentido, se reconoció el liderazgo y los aportes técnicos del diputado Ariel Vallarino y su equipo, así como el respaldo brindado por la firma Morgan & Morgan y la Iglesia Católica durante el proceso de creación de esta herramienta legal que encamina al país hacia un modelo de desarrollo más solidario y sostenible.
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