Más de 18 mil personas recibirán pagos de transferencias condicionadas del MIDES

MIDES reanuda pago de transferencias condicionadas en zonas de difícil acceso tras cierre de vías

Operación del MIDES moviliza recursos por B/. 3.6 millones en transferencias condicionadas para comunidades vulnerables.

(18/Jul/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- Del 21 al 25 de julio, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) retomará los pagos de los Programas de Transferencias Condicionadas en áreas remotas de Bocas del Toro, la comarca Ngäbe Buglé y la provincia de Veraguas, luego de la suspensión de la jornada anterior a causa de cierres de vías.

La operación beneficiará a 18,425 personas en condición de vulnerabilidad a través de los programas 120 a los 65, Red de Oportunidades, Ángel Guardián y Bono Alimenticio del SENAPAN, con un desembolso total de B/. 3,666,930.00. Para garantizar el acceso a los pagos, el MIDES habilitará 66 puntos distribuidos en 15 rutas, utilizando transporte terrestre, aéreo y acuático, adaptado a las condiciones geográficas de cada comunidad.

Entre las localidades incluidas figuran Calovébora, Kankintú, Piedra Roja, Guoroni, Samboa, Tolé, Hato Chamí, Loma Yuca y Cerro Caña. Esta acción se enmarca en la segunda jornada de pagos de 2025, en la que se ha destinado un total de B/. 5,595,030 a 26,644 beneficiarios en áreas de difícil acceso.

A escala nacional, mediante la Tarjeta Clave Social, se han transferido B/. 48,851,700 a 160,201 beneficiarios, sumando una inversión total de B/. 54,446,730 en favor de 186,845 personas, de las cuales el 83.55 % son mujeres y el 16.45 % hombres. Además, más de mil nuevos beneficiarios han sido integrados, algunos en listas de espera desde hace más de nueve años.

Según el cronograma oficial, el tercer pago de 2025 será del 1 al 12 de septiembre para usuarios de la Tarjeta Clave Social, y del 22 al 26 del mismo mes para quienes residen en zonas de difícil acceso.

El MIDES reiteró su compromiso con las comunidades vulnerables, asegurando la entrega responsable de los recursos del Estado y la continuidad en el proceso de evaluación socioeconómica para incorporar nuevos beneficiarios a los programas sociales.