En audiencia celebrada el 16 de octubre de 2024, las magistradas de la Sala Penal confirmaron la legalidad de una orden de aprehensión dictada contra un ciudadano acusado de presuntos delitos graves, entre ellos blanqueo de capitales. Los recursos de reconsideración y aclaración presentados por la defensa fueron rechazados.
Magistradas de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirman orden de aprehensión por presuntos delitos graves
(17/Oct/2024 – Panama24Horas web) Panamá.- En una audiencia de apelación de hábeas corpus, las magistradas de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) confirmaron, por decisión mayoritaria, la legalidad de la orden de aprehensión n.° 54 del 9 de septiembre de 2024, emitida contra un ciudadano imputado por la presunta comisión de los delitos de prevaricato, estafa agravada, asociación ilícita para delinquir y blanqueo de capitales.
El fallo ratifica la decisión previamente tomada por el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial, que había declarado como legal dicha orden de aprehensión. Las magistradas María Eugenia López Arias, Ariadne Maribel García Angulo y Maribel Cornejo Batista participaron en la audiencia de apelación, donde, tras analizar los hechos presentados, concluyeron que no existía ninguna vulneración a las garantías constitucionales ni vicios de ilegalidad en el proceso. Además, la defensa técnica particular no evidenció tales circunstancias durante la audiencia.
La defensa del imputado, representada por la abogada Zulay Rodríguez Lu, presentó un recurso de reconsideración y una solicitud de aclaración de sentencia, los cuales fueron rechazados de plano por las magistradas, con fundamento en los artículos 166 y 137 del Código Procesal Penal, que regulan dichos procedimientos.
Durante la audiencia, celebrada en el Salón de Casación de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público estuvo representado por Elizabeth Carrión Ortega, Fiscal Superior de la Segunda Sección de Delitos contra el Patrimonio Económico, quien expuso los argumentos de la acusación y respaldó la legalidad de la orden de aprehensión.
La decisión de la Sala Penal contó con un salvamento de voto, lo que indica la existencia de una discrepancia en los criterios entre las magistradas, aunque la mayoría se pronunció a favor de la legalidad del proceso.
Este fallo reafirma la legalidad de la actuación del Tribunal Superior de Apelaciones y permite que el proceso judicial en contra del imputado continúe su curso, en un caso que involucra delitos de gran relevancia para el sistema de justicia panameño, como el blanqueo de capitales y la estafa agravada.
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