Durante la audiencia, el juez argumentó que la solicitud no cumplía con los requisitos legales necesarios ni con los objetivos establecidos para la pena, refutando así la propuesta de realizar trabajo comunitario en el Centro de Salud de Río Abajo.
La causa penal está relacionada con hechos ocurridos el 6 de junio del año en curso. En esa fecha, una unidad de los estamentos de seguridad del Estado, asignada al Centro Penitenciario La Nueva Joya, fue detenida mientras intentaba introducir sustancias ilícitas al centro carcelario.
La defensa técnica particular buscaba sustituir una pena de 48 meses de prisión por días multa de quince mil dólares, pero el juzgador argumentó que la solicitud no cumplía con los requisitos establecidos por la normativa, específicamente el artículo 102 del Código Penal relacionado con la delincuencia primaria.
La acción también contempla medidas cautelares, incluyendo permisos para citas médicas y una orden de impedimento de salida del país. Se programa una audiencia en julio para revisar la situación.
Se dispuso la retención de B/. 3,111,909.44 de contratos celebrados entre el Metro de Panamá y Constructora Norberto Odebrecht, S.A. En representación, el Ministerio Público contó con la fiscal Anticorrupción Yojaira González, la defensa técnica estuvo a cargo de los abogados Osvaldo González Echeverría y Jaime Ricardo Caballero
Previamente, el tribunal de garantías legalizó la aprehensión y dio por presentada la formulación de imputación de cargos sustentada por los fiscales Raúl Rodríguez y Jennifer Bethancourt
El juez de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá ha decretado medidas cautelares contra un ciudadano acusado de cometer un delito contra la administración de justicia
Mediante el Auto N° 6524, a petición de la Fiscalía Anticorrupción se revocó la libertad vigilada por trabajo debido al incumplimiento de las condiciones en modo, tiempo y lugar. El juzgador basó su decisión luego del análisis del debate presentado por las partes intervinientes, durante la audiencia celebrada este martes 9 de mayo.
Este hecho se suscitó en horas del mediodía del viernes 10 de febrero de 2023, en el Centro Penitenciario ‘La Joya
Al momento de ser sorprendidas en flagrancia, ya habían cortado 149 metros de cables telefónicos, con un valor en el mercado de más de B/. 27,000 y que afectó la comunicación en este sector.
Esta investigación se inició por un hecho ocurrido el domingo 11 de diciembre en un área del Parque Nacional Chagres donde, supuestamente, el imputado cazó dos aves de la especie Pava crespada, que se encuentran en estado de vulnerabilidad o peligro de extinción.
Además, el juez le impuso como pena accesoria, la inhabilitación para ejercer funciones en parques, parvularios, escuelas y otros lugares donde se encuentren menores de edad por el periodo de 36 meses, una vez cumplida la pena principal.
Un informe del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, establece que la sanción impuesta se puede cumplir en un centro carcelario.
En la audiencia, la jueza, después de escuchar los argumentos de las partes intervinientes, rechazó la solicitud de afectación de derecho anunciada por la defensa técnica particular, al considerar que, a la fecha, a la acusada no se le ha violentado ningún derecho y garantía constitucional en el proceso.
En la audiencia, de 11 días de duración, se legalizaron las aprehensiones y se dio por presentado la formulación de imputación de cargos. Participaron los fiscales Joseph Díaz y Johana Quiel; 26 defensores particulares y 2 defensores públicos.
La decisión adoptada por el juez de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Alejandro Gutiérrez, en la audiencia prevista para este jueves 1 de septiembre, se basó en que el defensor técnico particular Julio Pinzón no acudió a la audiencia y presentó incapacidad
Durante la audiencia, el juez Basurto manifestó que tres ciudadanos que fueron beneficiados con medidas cautelares distintas a la detención preventiva no están cumpliendo con estas y no se les ha podido ubicar en los domicilios que habían proporcionado, por lo tanto, el tribunal procederá con la revocatoria de la medida cautelar y ordenar la inmediata detención de estas personas.
La sentencia destaca que las piezas probatorias allegadas a la investigación demuestran, sin lugar a dudas, la participación directa de estas personas en la conformación de una pandilla identificada con el nombre de “El Trébol”
El juez tercero liquidador adjunto del primer circuito judicial, Fernando Basurto García, al estudiar el expediente y escuchar a las partes, consideró, en cada caso, que no existe ninguna vinculación de los acusados con el hecho punible, ya que ninguno de ellos tuvo participación directa con el tratamiento recibido por los recién nacidos.
Esta causa guarda relación con los hechos ocurridos el 21 de mayo del presente año, en el corregimiento Arnulfo Arias del distrito de San Miguelito.
El hecho se suscitó el 28 de febrero del año en curso, en el corregimiento de Ancón, específicamente en el vertedero de Cerro Patacón, cuando un ciudadano perdió la vida por disparos hechos con arma de fuego.
Este hecho tuvo su génesis el miércoles 12 de mayo de 2022, en la comunidad de Nueva Providencia de Colón, cuando resultó herido por proyectil de arma de fuego un agente de la Policía Nacional, en medio de las protestas que se registran en la provincia de la costa atlántica.
En audiencia celebrada este viernes, 25 de marzo de 2022, la Juzgadora admitió la solicitud de levantar la medida cautelar personal de prohibición de salida del país ya que, según su criterio jurídico, han variado las circunstancias y el riesgo procesal de peligro de fuga ha disminuido; y el imputado ha asistido a todos los actos procesales.