La causa penal está relacionada con hechos ocurridos el 6 de junio del año en curso. En esa fecha, una unidad de los estamentos de seguridad del Estado, asignada al Centro Penitenciario La Nueva Joya, fue detenida mientras intentaba introducir sustancias ilícitas al centro carcelario.
En una audiencia realizada en el Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora, la fiscal Guisell Abrego representó al Ministerio Público mientras los sancionados contaron con la defensa de Rigoberto Saavedra y Tereza Ruiz. La sentencia condenatoria, número 879, está relacionada con un homicidio ocurrido el 20 de diciembre de 2023 en La Cabima, Alcalde Díaz.
La acción también contempla medidas cautelares, incluyendo permisos para citas médicas y una orden de impedimento de salida del país. Se programa una audiencia en julio para revisar la situación.
Este proceso tuvo su origen en 2012, cuando la sancionada, en funciones como defensora del Pueblo, celebró un contrato de consultoría con una empresa sin experiencia para el rediseño de la página web de la institución y propició una malversación de fondos en la entidad pública que dirigía.
Jueza de garantías impone 114 meses de prisión a dos ciudadanos colombianos como autores del delito contra la seguridad colectiva en la modalidad de tráfico internacional de drogas.
El juicio oral inicó el pasado 28 de agosto y tuvo una duración de un mes y una semana
Estas dos causas guardan relación con hechos ocurridos el martes 24 de octubre en horas de la madrugada, cuando se registraron dos hurtos a un local comercial de ventas de celulares, ubicado en el corregimiento de Santa Ana, específicamente en la Plaza 5 de mayo
La decisión de los magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones, que fue de manera unánime, se da luego de escuchar los argumentos de las partes intervinientes en este proceso y tras considerar que la pena impuesta es proporcional y que se ajustó a los parámetros de valoración de los elementos probatorios que fueron practicados durante el juicio oral
Al sentenciado, la juzgadora también le impuso como pena accesoria la inhabilitación para el ejercicio de la profesión de abogado por el término de ocho años, que corren una vez cumplida la pena principal.
Durante este acto de audiencia, el tribunal de cumplimiento detalló que la sancionada debe ingresar a un centro carcelario. Además, debe cumplir una pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período de 48 meses, una vez cumplida la pena principal de prisión
El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales de Panamá ha declarado a cinco panameños y dos guatemaltecos penalmente responsables por tráfico ilícito de migrantes. Conoce los detalles de esta sentencia condenatoria, donde se impone una pena de 15 años de prisión y la inhabilitación para ejercer funciones públicas
Como pena accesoria, el tribunal le impuso el pago de 5 millones 91 mil 486 balboas con 92 centésimos, que deberá pagar en el lapso de 24 meses al Tesoro Nacional una vez cumplida la pena principal, lo cual equivale al doble del beneficio económico recibido y debidamente cuantificado.
También se le impuso al sancionado como pena accesoria, la inhabilitación para ejercer funciones públicas por el período de cinco años, una vez cumplida la pena principal.
La sancionada devolvió a las autoridades la suma de B/.14.720, que fue el monto con el cual se le causó la lesión patrimonial al Estado panameño.
Además, el juez le impuso como pena accesoria, la inhabilitación para ejercer funciones en parques, parvularios, escuelas y otros lugares donde se encuentren menores de edad por el periodo de 36 meses, una vez cumplida la pena principal.
En la Sentencia Condenatoria N°227 de 10 de septiembre de 2022, el Tribunal de Juicio también ordenó la suspensión de la ejecución de la pena por la prohibición de tener animales domésticos durante un periodo de dos años; y como pena accesoria, la inhabilitación de funciones públicas por el término de un año.
Este caso, que fue elevado recientemente a causa compleja por la gran cantidad de imputados, guarda relación con una investigación iniciada por las autoridades en febrero de 2020, denominada “Operación Fisher”, la cual tenía como propósito desarticular a una presunta organización criminal que se dedicaba a supuestas actividades ilícitas que se generaban en la Costa Arriba de Colón.
Esta causa penal guarda relación con hechos ocurridos el lunes 8 de agosto del año en curso en el distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste.
En la audiencia, la jueza también impuso como pena accesoria la inhabilitación para ejercer funciones públicas por 48 meses, una vez cumplida la pena principal.
Esta causa penal inició en octubre de 2017, en el corregimiento de Rufina Alfaro, sector de San Antonio del distrito de San Miguelito, cuando fueron encontrados los cuerpos sin vida de un canadiense y un panameño.
Este hecho ocurrió el pasado 10 de junio en un edificio de apartamentos de la ciudad de Colón.
Esta causa guarda relación con los hechos ocurridos el 21 de mayo del presente año, en el corregimiento Arnulfo Arias del distrito de San Miguelito.
Este proceso se originó a raíz de pagos de órdenes de compra y contratos para la adquisición de instrumentos musicales por parte del antiguo PAN.
El 23 de noviembre de 2020, el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, luego de revocar un fallo absolutorio del Juzgado Décimo Sexto de Circuito Penal, sancionó a la exviceministra de Desarrollo Social, a la pena de 36 meses de prisión por el delito Contra la Administración Pública (Peculado de Uso), en el denominado caso “Gucci”.