Por otra parte, el Colegio Nacional de Abogados, en su rol de ente colaborador para el mejoramiento de la administración de justicia, que debe velar por la preservación del Estado de Derecho, solicita muy respetuosamente a la Corte Suprema de Justicia determine con celeridad la constitucionalidad o no, del contrato recientemente elevado a Ley de la República
«Condenamos los actos vandálicos y métodos violentos utilizados por personas con fines distintos a los manifestantes», señala el Colegio Nacional de Abogados
(25/Oct/2023 – web) Panamá.- Ante la situación actual en Panamá, con motivo de la reciente aprobación de la Ley 406 de 20 de octubre de 2023, que avala el Contrato de Concesión Minera entre el Estado y la sociedad Minera Panamá S.A., el Colegio Nacional de Abogados, a través de su presidenta, Maritza Cedeño Vásquez, manifiesta su compromiso con la sensatez y la tranquilidad.
Señala el comunicado que el mencionado contrato, convertido en la Ley 406 de 20 de octubre de 2023, está sujeto a posibles demandas de inconstitucionalidad, algunas de las cuales ya han sido presentadas ante la Corte Suprema de Justicia. Siguiendo los principios legales y el respeto a la separación de poderes, corresponde a la Corte Suprema de Justicia pronunciarse sobre la constitucionalidad de este contrato de ley.
En este contexto, en calidad de Estado de Derecho, Panamá debe garantizar el cumplimiento de los principios democráticos, tales como la libertad de expresión y la participación ciudadana. Estos son mecanismos esenciales para una convivencia pacífica entre todos los ciudadanos.
El Colegio Nacional de Abogados subraya que este debate debe llevarse a cabo dentro de los límites del derecho y la realidad objetiva, evitando intereses particulares que puedan perjudicar el bienestar de la colectividad.
«La ciudadanía panameña expresa su descontento en las calles, lo cual es un Derecho Constitucional, el cual debe darse dentro del ámbito del respeto a la vida, integridad personal, propiedad pública y privada, por lo que condenamos los actos vandálicos y métodos violentos utilizados por personas con fines distintos a los manifestantes. Igualmente, solicitamos a las autoridades nacionales, se abstengan de hacer uso excesivo de la fuerza, y salvaguardar los bienes jurídicos protegidos antes descritos».
Precisaron que el Estado también tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad jurídica de las inversiones y el respeto a los derechos humanos. Esto incluye el derecho al trabajo digno, la seguridad social, un ambiente sano y el uso responsable de los recursos minerales.
«Hacemos un llamado a que el Gobierno Nacional, establezca los mecanismos de diálogo idóneos con los diversos sectores que se manifiestan, a fin de garantizar la paz social y la canalización de las inquietudes de la población. Hacemos un llamado al diálogo social enfocado en lograr el desarrollo humano sostenible y evitar la confrontación entre panameños».
En este contexto, el Colegio Nacional de Abogados solicita a la Corte Suprema de Justicia que se pronuncie con celeridad sobre la constitucionalidad del contrato ley recientemente aprobado, lo que garantizará la seguridad jurídica y la paz social en Panamá.
Asimismo, condena los actos de violencia y vandalismo, y hace un llamado a las autoridades nacionales para que eviten el uso excesivo de la fuerza y protejan la propiedad pública y privada.
Fuente/Foto: Presidencia de la República de Panamá
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