El informe que recoge las cifras de una metodología de trabajo anual, detalla que de los 500 expedientes tramitados en la actualidad hay 107 por resolver y 129 están en distintos trámites: admisión, firma, lectura, alegatos, entre otros.
El documento, que recoge las cifras de una metodología de trabajo anual, detalla que de los 500 expedientes tramitados en la actualidad hay 107 por resolver y 129 están en distintos trámites: admisión, firma, lectura, alegatos, entre otros.
Es importante informar que una de las funciones de un magistrado del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, consiste en dar lectura y analizar los proyectos de resolución emitidos por los otros magistrados que conforman esa Máxima Corporación de Justicia, señaló la magistrada en su informe.
El informe establece que desde su ingreso al Órgano Judicial el 2 de enero hasta el 30 de diciembre 2020, leyó un total de 1810 proyectos de resolución Pleno y la Sala Penal; sobre los cuales emitió 197 observaciones, tanto de fondo como de forma, manifestó 16 impedimentos y calificó 119 impedimentos de otros magistrados. De igual manera, firmó 1495 resoluciones en limpio y emitió 39 salvamentos de voto.
En el periodo, la magistrada participó en 136 audiencias, 32 fueron como ponente y 104 como integrante de la Sala Penal y firmó un total de 1241 acuerdos del Pleno de la Corte Suprema de Justicia.
También fungió como Juez de Garantías en dos causas penales en contra de un diputado de la República. En dichas causas realizó siete audiencias, repartidas en 12 sesiones: control previo, control de afectación, definición de plazo de investigación, formulación de imputación, audiencia de control y desistimiento, entre otras.
Adicionalmente, señala en su informe, que realizó una gira de trabajo a los Distritos Judiciales que conforman las provincias de Herrera Los Santos y Coclé Veraguas, con el propósito de conocer de primera mano aspectos relativos al funcionamiento del Sistema Penal Acusatorio en esas provincias.
En otro aspecto, hizo referencia al uso del recurso público por parte del despacho a su cargo, así como el aporte al programa Panamá Solidario del 20% de su gasto de representación durante 3 meses del año 2020.
La magistrada concluyó su informe destacando que en su trayectoria de los distintos cargos que he ocupado en la administración de justicia, prácticamente todos enfocados al área penal, ha inculcado a sus colaboradores que la justicia es un servicio, que los expedientes no son un número o un nombre, sino una situación jurídica y, a veces, hasta una tragedia familiar por resolver, por lo que con esa misma conciencia y dignidad debe ser atendido y decidido.
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