El Convenio de Colaboración firmado por el ministro de Gobierno, Milton Henríquez y el ministro de Salud, Francisco Javier Terrientes, se fundamenta en el Artículo 5 de la Ley 55 de 30 de julio de 2003, que señala que el Sistema Penitenciario velará por la vida, la integridad física y la salud del privado o la privada de libertad, de tal forma que se respeten los derechos humanos; igualmente protegerá el derecho a la salud de los mismos con trastornos mentales, otras enfermedades y discapacidad.
(7/2/2016 – web) Con la finalidad de mejorar la calidad de las personas privadas de libertad y de los jóvenes en conflicto con la Ley, el Ministerio de Gobierno (Mingob) y el Ministerio de Salud (Minsa), firmaron este viernes el Convenio de Colaboración para garantizar la prestación de servicios de salud integral.
El Convenio de Colaboración firmado por el ministro de Gobierno, Milton Henríquez y el ministro de Salud, Francisco Javier Terrientes, se fundamenta en el Artículo 5 de la Ley 55 de 30 de julio de 2003, que señala que el Sistema Penitenciario velará por la vida, la integridad física y la salud del privado o la privada de libertad, de tal forma que se respeten los derechos humanos; igualmente protegerá el derecho a la salud de los mismos con trastornos mentales, otras enfermedades y discapacidad, para que no sean discriminadas por su condición.
Además de la Ley 40 de agosto de 1999, “Del Régimen Especial de Responsabilidad Penal para la Adolescencia” en su artículo 16, principio 18 señala que las personas privadas de libertad tendrán derecho a recibir atención y orientación de un equipo interdisciplinario sobre aspectos legales, sociales, psicológicos, educativos y de salud.
El ministro de Gobierno, Milton Henríquez destacó durante la firma del convenio que las personas privadas de libertad tienen algunas libertades restringidas en virtud de la sanción, pero sus otros derechos están intactos y el derecho a la salud es un derecho humano que está no solamente intacto sino que nos corresponde al Gobierno garantizarlo, porque las personas privadas de libertad no tiene la capacidad de proveérselo por sí mismas.
Mientras que el titular de Salud señaló que con este convenio se está garantizando no solamente la atención médica sino que existan los insumos y los medicamentos necesarios para que estas personas privadas de libertad reciban una atención preventiva así como de tipo curativa.
Por su parte la viceministra de Gobierno, María Luisa Romero enfatizó que la situación de salud en cualquier centro penitenciario del mundo siempre va a ser delicada por el hacinamiento e higiene, por lo que es importante darle especial atención al tema de salud penitenciaria y es lo que ha venido haciendo el Mingob desde hace varios meses trabajando con el Minsa en conjunto en la atención médica a los privados de libertad.
El convenio establece que ambas instituciones se comprometen a realizar una gestión pública por resultados, que garantice la efectividad y la eficiencia en la prestación de los servicios de salud y el cumplimiento de las estrategias, establecidas en el Plan Estratégico para Consolidar los Derechos en Salud de la Población Privada de Libertad.
Por otro lado deben gestionar recursos humanos en salud y custodios para fortalecer el cumplimiento de políticas, normas y procedimientos para una atención integral en salud.
Las partes deberán desarrollar programas de formación permanente y fomentar la docencia y la investigación, en coordinación con entidades educativas o de otros fines, dirigida al recurso humano de ambas instituciones.
Como parte de los compromisos de este convenio el Mingob deberá construir, adecuar y mantener la infraestructura de las clínicas penitenciarias en óptimas condiciones, para que el recurso humano pueda prestar eficientemente los servicios de salud a las personas privadas de libertad, cumpliendo las normas de salud vigentes.
Mientras que la Dirección General del Sistema Penitenciario, a través de sus directores de centros penales, y la Dirección del Instituto de Estudios Interdisciplinarios a través de sus directores de centros de cumplimiento y de custodia, deberán garantizar un ambiente de trabajo seguro y saludable para el recurso humano que labora en los mismos, de acuerdo a las normas establecidas en la legislación vigente. Asimismo, proveer de manera permanente, el recurso humano administrativo, custodios, técnicos y otros, necesarios para la adecuada prestación de los servicios de salud en las clínicas penitenciarias.
En tanto el Minsa se compromete a coordinar con los niveles regionales, los trámites para la realización de los exámenes que le permitan la obtención del carné de salud y la realización de las capacitaciones a la población privada de libertad, para la obtención de los carné para manipuladores o para operario de interés sanitario. También distribuirá materiales educativos para promoción de la salud y prevención de las enfermedades prevalentes y de riesgo.
Entre sus compromisos estará también suministrar las vacunas, antirretrovirales, antifímicos, antiofídicos y anti-alacránicos que sean requeridos por las personas privadas de libertad.
De igual forma asegurar que las personas privadas de libertad que presenten una enfermedad transmisible, se les garantice la continuidad de los servicios de salud al ser trasladados a otro recinto carcelario. En el caso que goce de libertad y continúe con alguna de éstas patologías, se le proveerá del tratamiento de seguimiento a nivel de la red de atención de los servicios de salud.
Fuente/Foto: MINGOB
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